La seguridad democrática, liderada por Álvaro Uribe Vélez, le concedió al Estado regresar a territorios controlados por bandas ilegales disminuyendo la creación de nuevas áreas de cultivos ilícitos. Estas estrategias disminuyeron el liderazgo de los grupos armados e incrementaron la presencia del Estado y de la institucionalidad creando opciones de producción agrícola en diferentes territorios del país.
Durante el Gobierno Uribe, el grupo encargado de realizar la erradicación manual de cultivos ilícitos eran los Grupos Móviles de Erradicación, una estrategia puesta en marcha por la Presidencia de la República y la Policía Antinarcóticos, con la colaboración de las Fuerzas Militares, orientada a destruir manualmente los cultivos de coca y amapola detectados en el territorio nacional.
Los Grupos Móviles de Erradicación, que dependen del Programa contra los Cultivos Ilícitos de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, estaban conformados por civiles movilizados a cada zona de erradicación desde otras regiones, para adelantar su labor bajo la protección de la Policía y el Ejército.
En el año 2004 Colombia alcanzó el récord mundial en erradicación manual forzosa que tenía Bolivia desde 1999, al destruir 16.999 hectáreas de cultivos ilegales.
Los GME lo conformaban más de 1.800 erradicadores en 64 grupos distribuidos en departamentos como Antioquia, Arauca, Boyacá, Caldas, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Guaviare, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Valle y Amazonas, entre otros.
El informe del Ministerio de Defensa también señala que en el año 2024 sólo se erradicaron 9.403 hectáreas de cultivos ilícitos, siendo solo el 9 por ciento de las hectáreas erradicadas en el año 2021, periodo en el cual se eliminaron más de 103.000 hectáreas. Entre los meses de enero y agosto de 2025, el informe evidencia una disminución del 71 por ciento, comparado con el año anterior, que señala solo 5.092 hectáreas de coca erradicadas.
El informe logra destacar que los resultados obtenidos en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, evidencian que la política de seguridad democrática enfrentó cara a cara a las economías ilegales, llevando a los territorios de Colombia presencia militar, inversión extranjera, programas de sustitución y una lucha fuerte en contra del tráfico de drogas.
