Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la seguridad se interpretó no sólo como la presencia de la Fuerza Pública, sino también como el poder del Estado de construir confianza en los ciudadanos.
Fue así como en el año 2003 nació el programa Familias Guardabosques, un modelo que ponía en el centro de la defensa del territorio a los campesinos, convirtiéndolos en guardianes y abriendo canales de diálogo con la guerrilla.
Los resultados fueron históricos. En una década, se intervinieron más de 4 millones de hectáreas, de las cuales 2.2 millones quedaron libres de coca. Las cifras reflejaban un impacto directo: la extensión de cultivos ilícitos pasó de 116.000 hectáreas en 2002 a 48.000 en 2013. Además, más de 113.000 familias se vincularon al programa y recibieron cerca de 732.000 millones de pesos en incentivos. Además, se invirtieron 350.000 millones de pesos en proyectos sostenibles.
Con el acompañamiento de la ONU y el respaldo de la comunidad internacional, estas familias no solo frenaron al narcotráfico en áreas selváticas – que cubren más del 50 % del territorio colombiano – también recuperaron zonas degradadas y protegieron nacimientos de agua imprescindibles para las regiones.
Esto es un reflejo de cómo la seguridad se puede convertir en un puente entre el bienestar social y el cuidado ambiental. Una lección que, todavía hoy, nos reitera la importancia de las comunidades en la lucha de un país libre de narcotráfico.
