Durante el mandato del presidente Álvaro Uribe, la cobertura del sistema llegó al 98 por ciento, con 41 millones de colombianos afiliados. Fue la primera vez que el país pudo afirmar que casi todos sus habitantes tenían acceso a atención médica, un hito que cambió la vida de millones de familias.

El impacto se reflejó en la eliminación y control de enfermedades que por décadas habían puesto en riesgo a los niños. Gracias al fortalecimiento de los programas de vacunación y prevención, Colombia logró erradicar el tétano neonatal, la difteria y la rubéola congénita, además de controlar la fiebre amarilla, un logro sanitario reconocido en la región.

Paralelamente, el país impulsó iniciativas de salud sexual y reproductiva, ampliando la inversión en estos programas en un 30 %. Esto permitió que miles de mujeres – especialmente en zonas rurales y comunidades históricamente desatendidas – recibieran orientación, acompañamiento y atención médica especializada por primera vez.

Pero, quizá el cambio más significativo fue la llegada de la salud a la población más vulnerable. Personas que antes no podían pagar un tratamiento finalmente accedieron a consultas, medicamentos y procedimientos que les devolvieron calidad de vida y esperanza.

Expertos en salud pública coinciden en que este periodo marcó un antes y un después en la historia sanitaria del país, consolidando uno de los avances sociales más importantes de las últimas décadas.

Otras cifras clave 

Durante el Gobierno de Uribe, el presupuesto destinado al aseguramiento en salud pasó de 6 billones de pesos en 2002 a 17,6 billones en 2009, un aumento del 84 % que evidenció la decisión del Estado de fortalecer y ampliar el alcance del sistema.

Este crecimiento presupuestal se reflejó en la cobertura de poblaciones históricamente excluidas. En 2002, las comunidades indígenas contaban con 633.000 afiliados al sistema de salud,  para 2009, la cifra había ascendido a 1.183.000, prácticamente el doble. Este avance permitió que miles de familias indígenas accedieran a atención médica, prevención de enfermedades y acompañamiento en territorios donde antes la oferta era mínima o inexistente.

El salto más drástico se dio en la atención a la población desplazada. En 2002, solo 28.700 personas desplazadas estaban afiliadas al sistema de salud; para 2010, la cifra alcanzó 1.260.000 afiliados. El crecimiento exponencial no solo reflejó la magnitud de la crisis humanitaria del país, sino también el esfuerzo institucional por integrar a estas comunidades en condiciones de alta vulnerabilidad, cuyas necesidades sanitarias suelen ser más complejas y urgentes.