Fue en ese momento cuando el país dio un giro político que cambió el rumbo del conflicto y sentó un antes y un después en la forma de hacer frente a la amenaza de los grupos armados ilegales.

Durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), se escribió un capítulo importante de la historia de Colombia con la consolidación de la política de Seguridad Democrática. Más allá de un slogan, la Seguridad Democrática se tradujo en resultados concretos que influyeron en la vida de millones de colombianos, entre ellos, el crecimiento de la Fuerza Pública, que pasó de 313.000 hombres en 2002 a más de 430.000 en 2010, con presencia militar y policial en cada uno de los municipios del país.

Esta estrategia contemplaba la creación de nuevos batallones de alta montaña, la instalación de 439 pelotones de soldados campesinos y la apertura de nuevas estaciones de policía en municipios que durante muchos años habían estado en manos de los actores ilegales.

Con estas medidas, el Estado regresaba a territorios abandonados y empezaba a cerrar los corredores de la violencia. Los resultados de la Seguridad Democrática mostraron la magnitud del cambio: los homicidios descendieron en un 40%, el secuestro en un 90% y los ataques a poblaciones pasaron de 32 en 2002 a solo 5 en 2005.

Estos avances supusieron para muchos colombianos el logro de una conquista más profunda que el control territorial: el derecho a vivir sin miedo y a recuperar la confianza en un país que había sido calificado ya de inviable.

Hoy el capítulo de la Seguridad Democrática se recuerda como una etapa decisiva que le permitió a Colombia posicionarse ante la comunidad internacional, mejorar la economía y recuperar el país.